La guerra de precios y la ética de las ingenierías

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Salud. Tenemos como cliente, y les asesoramos en comunicación, al Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos del País Vasco. Esta es una información relevante para estos profesionales. Cordialmente.

Orrantia. Asesores de Comunicación

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La guerra de precios y la ética de las ingenierías

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Javier F. Magariño - Madrid - CINCO DÍAS - 16/11/2011

La tendencia a la baja en los honorarios que cobran las ingenierías españolas en proyectos de obra civil ha puesto en guardia a la patronal Tecniberia. El colectivo, que engloba a más de 300 empresas del sector, se ha marcado la tarea de elaborar un código ético para evitar que se repita un contexto como el actual, marcado por una guerra de precios. Esta ordenanza de buenas prácticas es uno de los pilares del plan de desarrollo estratégico que acaba de ver la luz y que marca otras necesidades, como la fusión de empresas para competir en el exterior, el aprovechamiento de nuevos modelos de negocio (concesiones y colaboración público-privada en la financiación de infraestructuras) o la exigencia al próximo Gobierno de un ritmo mínimo de contratación de servicios de ingeniería por un valor de 1.000 millones anuales.

Fuentes del sector aseguran que parte del desplome tarifario responde al ritmo que marca el gigante de la ingeniería Ineco, compañía participada por algunos de los principales contratistas de obra civil (Adif, Renfe y Aena). Esta rebajó el año pasado sus precios a Fomento alrededor de un 14%, e hizo lo propio con las tarifas que marca para trabajos del Adif, recortando un 7%.

A pesar de la preocupación reinante entre las ingenierías privadas por el riesgo de incurrir en una espiral de bajas temerarias, Tecniberia deberá tener el máximo cuidado con las recomendaciones del futuro código ético. Tanto la patronal como el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (CICCP) están ya bajo la lupa de la Comisión Nacional de la Competencia al existir indicios sobre la recomendación colectiva de precios. Ambas entidades habrían incurrido en esa conducta prohibida con la publicación de estudios en los que se fijaban precios unitarios de venta para los servicios, dependiendo de la categoría profesional de los técnicos, o se trataba de poner barreras a las bajas temerarias.