fraude masivo en el reciclaje de aparatos electrónicos esta siendo investigado por la Fiscalia

Es esta una impòrtante noticia. 

Asesoramos en comunicación corporativa desde hace muchos años a un cliente lider en España en gestión integral de RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) cuyo modelo de gestión ha sido reconocido por distintas administraciones autonómicas, con las que colabora en planes ad hoc, y los SIG (sistemas Integrados de Gestión) responsables legalmente de organizar la recogida y asegurar el adecuado tratamiento a estos aparatos fuera de uso y potenciales peligrosos contaminantes. El alza del precio de las materias primas, entre ellas los metales mas valiosos, por la creciente demanda de los países dichos emergentes, entre otros, ha venido originando varios problemas. Uno de ellos son los robos de estos RAEE hasta en la puerta de los 'garbigunes' o 'residuerias' y en los lugares de recogida y guarda. Y su venta fraudulenta a 'chatarreros' sin conciencia. Lo peor, es que le 'desmontaje' por llamarlo de alguna forma, consiste en aporrear el aparato sin miramientos recogiendo los metales de valor y tirando el resto en cualquier rincón contaminando con ello el medio y poniendo en peligro la salud. Celebramos esta iniciativa de la Fiscalia y felicitamos a EL PAIS y a su periodista, Rafael Méndez, por este trabajo informativo. En la esperanza de que venga a resolver un grave problema. 

Hay otro añadido: el auge de la demanda de estas recuperadas materias `primas ha hecho creer que cualquiera podría poner en marcha una empresa para su recuperación y venta a fundiciones con pingües beneficios... Dejando de lado todo razonamiento lógico del tipo exigencias legales de ratios de recuperación, organización de recogida, saturación potencial del mercado por la oferta actual, competitividad y capacidad innovadora de la oferta ya existente... Y así es como se encuentran por aqui y por allá Plantas de tratamiento surgidas al socaire de iniciativas políticas de prebostes locales autonómicos que entienden que ellos necesitan una de esas Plantas de tratamiento de RAEE y la ponen en marcha con dineros públicos sin mas contemplaciones, y así van... Cualquiera debería tentarse la ropa antes de incursionar en un sector ya maduro con una oferta de tratamiento y servicios estable, como este del reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos obsoletos o fuera de uso.

Cordialmente.

ORRANTIA. Asesores de Comunicación

 Veamos ahora la Noticia:

La fiscalía investiga un fraude masivo en el reciclaje de aparatos electrónicos

La mayoría de los productos van a chatarreros o al extranjero en vez de ser tratados - Los consumidores pagan 360 millones al año por el sistema

RAFAEL MÉNDEZ - Madrid - 02/06/2011

Al comprar cualquier aparato que tenga un cable o una pila (sea un reloj, teléfono móvil, ordenador, una tostadora o un frigorífico) los consumidores pagan un canon para financiar el reciclaje de ese chisme y que los metales pesados que lleva no contaminen. Sin embargo, seis años después de la entrada en vigor del decreto que regula el sistema y pese a que los consumidores pagan al año unos 360 millones de euros, las plantas de tratamiento de residuos están casi vacías: la gran mayoría de los aparatos acaban en chatarreros ilegales o exportados a países en desarrollo como productos de segunda mano. El fiscal coordinador de Medio Ambiente, Antonio Vercher, junto con la Guardia Civil, tiene en marcha una amplia investigación sobre el sistema y ya ha imputado a unas 60 personas por trocear frigoríficos sin control.

La planta de tratamiento de residuos electrónicos de Campo Real (Madrid) funciona solo por las mañanas porque no tiene mucho trabajo. Abrió en 2004 con una inversión de 10 millones de euros. Como el objetivo europeo es de reciclar al menos cuatro kilos de residuos electrónicos por habitante al año, los cálculos eran sencillos: "En la Comunidad de Madrid se deberían tratar unas 24.000 toneladas de residuos al año, sin embargo, aquí llegarán este año unas 6.000, la cuarta parte. ¿Dónde está el resto?", se pregunta Pablo Balaguera, director comercial de Recytel, mientras pasea entre las montañas de viejos teléfonos móviles, televisores, ordenadores y hasta cajeros automáticos en desuso. Allí desmontan los aparatos, los residuos se tratan por tipos y el hierro que queda al final se vende.

A la planta de Palencia que trata residuos de Castilla y León, Cantabria y Asturias llega el 10% de lo que se pone en el mercado, según Mariano Arana, gerente de la planta. En España hay 20 instalaciones de este tipo y viven la misma situación. ¿Dónde está el resto? es la pregunta que desde hace años se hacen.

El resto escapa fuera de la ley. En 2009 se pusieron en el mercado 702.000 toneladas de productos electrónicos y eléctricos, pero ese año solo se trataron 124.987, según el Ministerio de Medio Ambiente. No todo lo que se vende en un año se ha de reciclar (los productos duran varios años) pero la enorme diferencia (lo reciclado es el 17% de lo que se vende) da idea de que algo pasa. Las cuentas no salen.

Rafael Serrano, de la Fundación Ecolec, principal sistema de reciclaje de electrodomésticos, admite que "hay fugas": "Cuando uno compra un frigorífico, el transportista o el vendedor tienen la obligación de llevar el viejo a tratamiento, pero hay mucho residuo que se pierde".

El sector del reciclaje denuncia que hay transportistas, comerciantes y hasta Ayuntamientos en tratos con chatarreras, que pagan más que las plantas de tratamiento, ya que sus costes son menores. Incluso aparatos depositados en el punto limpio pueden acabar en un chatarrero y hay quien critica que alguna planta de tratamiento no trata lo que le llega, sino que lo lleva a chatarreros.

La memoria de la fiscalía de Medio Ambiente, a la que ha tenido acceso este diario, destaca la "muy negativa incidencia de la situación en el medio ambiente". El fiscal cuenta que en enero de 2010, tras una denuncia anónima, inició una investigación y concluyó que "viene produciéndose un almacenamiento sin más de los restos de electrodomésticos por chatarreros" sin licencia. Estos residuos contienen hierro y cobre, lo que tiene valor como chatarra, pero dejan cadmio, plomo, cloro, mercurio y PVC dañinos para el medio ambiente.

"Una vez aprovechadas por tales chatarreros las partes metálicas que resultan de su interés, el resto representa un importante riesgo para el equilibrio medioambiental, ya que [...] son inevitables los lixiviados y filtraciones al subsuelo, además de las liberaciones incontroladas de los gases CFC, que contienen todos los aparatos frigoríficos". Vercher concluye que "la dispersión de residuos con gran potencial de peligro por todo el territorio nacional es absoluta".El fiscal ha detectado una cadena de irregularidades tanto "en la entrega por las entidades gestoras de los aparatos obsoletos a las plantas de tratamiento para su correcto tratamiento como residuo, como en las salidas de envíos en contenedores desde estas hacía la exportación a países no europeos, para su reutilización".

El 22 de diciembre pasado, la Guardia Civil irrumpió en la Cañada Real (un poblado chabolista de Madrid) y en dos lugares más de Madrid, además de en Zaragoza, donde se desguazaban frigoríficos y se liberaban CFCs, gases con poder de efecto invernadero y que dañan la capa de ozono. Hay 60 imputados, "desde transportistas de centros de distribución o autónomos, a chatarreros, grandes trituradoras de metales, centros de almacenamiento o incluso plantas de tratamiento".

Además, hay exportaciones a países en desarrollo, generalmente camufladas como aparatos de segunda mano, ya que está prohibido exportar residuos peligrosos. Medio Ambiente asegura que es problema de toda la UE. "Exportan a Vietnam, China, África... Con frecuencia me llaman de Marruecos para comprar lo que tenemos, pero está prohibido. Estos residuos tienen metal y por eso son valiosos", explica Arana.

687 condenas por medio ambiente y urbanismo

Desde la creación de la fiscalía coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo, en 2006, crecen las condenas en esta materia. El año pasado, el organismo que coordina Antonio Vercher constató la existencia de 687 sentencias condenatorias en medio ambiente, urbanismo y delitos contra el patrimonio, lo que supone un aumento del 12% respecto a 2009. Así figura en la memoria anual del organismo, a la que ha tenido acceso este diario.

La mayoría (426) fueron por delitos contra la ordenación del territorio, otras 96 por incendios forestales y otras tantas por delitos contra la flora y la fauna (cebos envenenados, caza ilegal, pesca sin licencia, etcétera).

La memoria afirma que "empieza a vislumbrarse una reducción del número de denuncias presentadas", aunque añade que es pronto para saber si es una tendencia. Sin embargo, añade que el aumento de condenas debería tener un efecto preventivo. Además, el estallido de la burbuja inmobiliaria ha relajado la presión urbanística.

Fuente: diario EL PAÍS