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TIEMPOS OSCUROS DE CONFUSIÓN IDEOLÓGICA

TIEMPOS OSCUROS DE CONFUSIÓN IDEOLÓGICA

LA SALIDA DE LA CRISIS POR MEDIO DE LA INDUSTRIA AVANZADA

Artículo de opinión escrito por Nestor Goicoetxea, Decano del COIIB y publicad en El Correo el día 9 de junio de 2016

Fuente:

COIIB 

Tema:

Política Industrial 

Fecha Noticia:

10/06/2016

Dijo bien el lehendakari Urkullu el pasado año cuando fijaba en 2020 la «meta» para una recuperación de Euskadi a situaciones previas a la crisis, y eso que no contaba con el práctico año inutilizado 2016, que arrastra el Estado por mor de la incapacidad de sus políticos para formar gobierno estable. Yo mismo, quizá curándome en salud, en unas líneas publicadas en este mismo medio y por esas mismas fechas, sugería el año 2023 como objetivo para alcanzar un nivel industrial similar al de 2007-2008.

¿Por qué aludía expresamente a la necesidad de recuperar el nivel industrial? Por la sencilla razón de que una efectiva situación económica que soporte una sociedad de bienestar digno se apoya en una actividad industrial sólida, tecnológicamente elevada y competitiva ante los mercados globalizados actuales, al margen de las oscilantes burbujas de la construcción o el turismo.

La industria, además de proporcionar un empleo más estable y de superior nivel, demanda unos servicios complementarios de similar calidad que crean un fuerte efecto multiplicador, frente a la construcción y el turismo que suponen con frecuencia temporalidad, inestabilidad y menores exigencias formativas y, en definitiva, actividades que requieren para su desarrollo de un empleo más volátil y de peor calidad.
Desde nuestro Colegio de Ingenieros Industriales de Bizkaia, Coiib, y a través del proceso de visado de proyectos, tenemos una inmejorable perspectiva para apreciar el desarrollo de los acontecimientos: el descenso imparable de la inversión a partir de 2007 que llegó a su punto más bajo en 2014, quedando en menos de un tercio de la inicial, así como el inicio de una suave mejoría el pasado año, que a pesar de las circunstancias comentadas, parece proseguir en el actual. Dependiendo de la perspectiva más o menos optimista sería, por consiguiente, entre esos años señalados de 2020 a 2023 el momento de afirmar que hemos recuperado nuestra situación anterior. Pero tampoco debemos pensar que todo eso lo vamos a conseguir sin esfuerzo, parodiando a Winston Churchill, que para poder vencer al nazismo solo prometía sufrimiento a sus paisanos, la superación de la crisis no va a ser un camino de rosas.

Recientemente hemos visto cómo la baja demanda mundial, el dumping de los países de bajo coste y la reducción en la extracción de hidrocarburos hace tambalear a nuestra industria siderúrgica, ya actualizada tras las duras reconversiones de los años 80. Será necesario el apoyo de los trabajadores, las empresas y las instituciones públicas para reconsiderar esta imprescindible base industrial y, si es preciso, buscar con rapidez actividades tecnológicamente alternativas. A los jóvenes les diría: no esperes, fórmate, eso no te lo quitará nadie y luego innova, innova sin cesar, así saldrás de la mediocridad, si antes no te han sacado del mercado los propios mediocres.

Puede también causar cierta decepción la consideración de que el crecimiento de Euskadi el pasado 2015 y el que posiblemente será en 2016, sea ligeramente inferior al total del Estado, medido en porcentaje del PIB. Es preciso saber interpretar correctamente los números: partiendo de un nivel netamente inferior, como es el total del Estado, es lógico que una mejora suponga porcentajes aparentemente importantes. El proceso industrial es posible que no facilite desmesurados resultados coyunturales, pero supone un crecimiento sostenido y sólido que debemos impulsar.

El mundo desarrollado se está poniendo las pilas para progresar en lo que se denomina industria avanzada, es decir, en la aplicación de todas las herramientas que las nuevas tecnologías nos ofrecen, con objeto de encontrar nuevos productos y diseñar procesos más competitivos en calidad y coste. A todo el mundo le suenan expresiones como el internet de las cosas, las redes inteligentes, la impresión en 3D, la realidad aumentada o la robótica colaborativa. También el futuro nos demandará nuevos productos, a los que nuestra industria deberá aportar sus componentes para, entre otros, los vehículos eléctricos y autoguiados, el desarrollo eólico y fotovoltaico, la biomedicina, los servicios y equipos para el ocio, la asistencia y/o el cuidado de la población mayor de 65 años, tercera edad o segunda juventud como algunos prefieren llamar; además de para nuevos sectores de expectativas de desarrollo rápido como la robótica industrial y de servicios. Toda la sociedad debe ponerse a ello: inversores industriales, tecnólogos y trabajadores, la juventud, las administraciones y las universidades y escuelas. El futuro industrial, ya hecho presente, hay que tomarlo como un objetivo prioritario común.

Es en este escenario y en estos pocos años que tenemos de margen, donde a las nuevas generaciones de ingenieros industriales les corresponde de forma destacada investigar, innovar y aplicar con todos los medios y conocimientos a su alcance para que la aportación de la industria en Euskadi al PIB vuelva a ser el 25% o incluso superior, como lo fue en el pasado. Pero ahora con un nivel tecnológico mucho más alto y similar al de esos países con los que nos queremos comparar.

NESTOR GOIKOETXEA
DECANO DEL COLEGIO DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE BIZKAIA

Las grandes agencias de publicidad a la palestra

De momento solo es una investigación del órgano correspondiente, la CNMC, que a través de La Comisión para la reforma de las Administraciones Públicas (Cora) delimitó hace dos años algunos parámetros para optimizar la publicidad de la Administración General del Estado con el argumento de mejorar la eficiencia y ahorrar costes a las arcas públicas. De ahí viene la situación actual, en la que únicamente 5 grandes centrales han podido participar en un concurso por un contrato de más de 88 millones de euros por dos años prorrogables. La información es de ayer lunes en El Mundo. Adjuntamos la noticia completa y que cada cual pueda sacar sus propias conclusiones.

Competencia investiga a grandes empresas de publicidad españolas por pactar precios

·      Inspecciona la sede de varias compañías ante un posible cártel

·      Examina un contrato de 88 millones de euros por dos años

30/05/2016 08:21

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha detectado un posible engaño al propio Estado por parte de las principales empresas de publicidad españolas, en concreto de sus centrales de medios. Hace semanas que está abierta una investigación para comprobar si cinco grandes firmas dedicadas a la venta de publicidad han pactado precios en la venta de anuncios institucionales.

Según ha podido saber este periódico, el pacto se pudo producir con una campaña de la Administración General del Estado, cuyo concurso tenía unas condiciones que dejaban fuera a la mayoría de centrales y sólo permitían presentarse a las más grandes debido a algunos de los requisitos que se exigían en la licitación.

La investigación ya ha avanzado hasta el punto de que los inspectores de la CNMC han entrado con órdenes de registro en varias de las agencias, de donde se han llevado documentación en papel y soportes informáticos.

Los investigadores cuentan con apoyo judicial para obtener los mandamientos de entrada y registro. Esto les posibilita entrar en las empresas, requisar documentación y copiar archivos informáticos, como han estado haciendo en los últimos 15 días. Ahora queda la fase de analizar lo requisado para comprobar si las sospechas son ciertas. Si bien, la realización de este tipo de inspecciones no prejuzga en ningún caso la existencia de un cártel y está enmarcada únicamente en el trabajo investigador de la CNMC.

Ninguna firma quiere perder a la Administración

La Comisión para la reforma de las Administraciones Públicas (Cora) delimitó hace dos años algunos parámetros para optimizar la publicidad de la Administración General del Estado con el argumento de mejorar la eficiencia y ahorrar costes a las arcas públicas. De ahí viene la situación actual.

Pese a que la competencia había quedado restringida por la Cora, las investigadas también salían perjudicadas, porque las condiciones de este contrato investigado no eran especialmente ventajosas. Por otra parte, ninguna central grande querría perder como cliente a la Administración, así que los investigadores sospechan que pudieron optar por acordar una estrategia común.

La investigación ha detectado que las empresas pudieron reunirse y pactar qué ofertas iban a realizar para una importante campaña de publicidad institucional que después se vería plasmada en periódicos, radios y cadenas de televisión. Sólo la cantidad de este concurso publicitario era de 88 millones de euros -excluido el IVA-, para un período de dos años prorrogables.

Plazos de la investigación

Todavía queda un proceso largo para concluir la investigación. Si se confirman las sospechas, hay seis meses para abrir un expediente sancionador que, a su vez, puede tardar otros 18 meses en resolverse y terminar en una sanción o no. Otro tema sería que se encuentren responsabilidades penales durante la investigación y se decida ampliar y denunciar delitos en la Fiscalía, como ha sucedido en otros casos investigados por el regulador.

También hay que comprobar si fueron las cinco empresas investigadas las que pactaron precios o alguna se negó a hacerlo, por lo que las pesquisas todavía están en su fase más inicial. Fuentes oficiales de la CNMC declinaron hacer comentarios sobre la investigación.

Ya se advirtió al Gobierno en 2014

El caso de las empresas de publicidad lleva ya tiempo encima de la mesa del organismo. El propio regulador ya advirtió al Gobierno, en marzo de 2014, que el pliego de condiciones incluido en el acuerdo marco para licitar la publicidad institucional implicaba un «riesgo de colusión» entre las empresas, al limitar a cinco el número de adjudicatarias y elevar hasta un período «excesivo» de cinco años y medio la duración máxima del contrato.

En este informe, aprobado por el consejo del organismo que preside José María Marín Quemada, Competencia aplaudía que el Estado remodelara sus mecanismos de contratación en busca de una mayor eficiencia y un ahorro de costes para el erario público. No obstante, el regulador hacía varias observaciones sobre los puntos del contrato que, a su juicio, suponían «barreras» al libre mercado e incitaban el nacimiento de cárteles en torno a éste.

Estos puntos se referían, especialmente, a la duración del contrato, los requisitos económicos establecidos a las empresas adjudicatarias y los mecanismos establecidos en la comunicación entre la Administración y las propias empresas.

En primer lugar, la CNMC argumentaba que el plazo de adjudicación del acuerdo, de dos años prorrogable hasta cinco y medio, constituye una «severa barrera de entrada a otros operadores», por lo que proponía su reducción y la eliminación de una posible ampliación.

Por otro lado, el regulador advirtió de que el requisito de ingresos mínimos anuales de 600.000 euros que establecía el contrato para las empresas interesadas en concurrir a la licitación, «podría suponer una barrera excesiva para pequeñas y medianas empresas», en un país en el que el 99% del tejido empresarial está compuesto por pymes.

Por último, Competencia pedía que no se limitara el número de adjudicatarios seleccionados. «El órgano proponente debería valorar si limitar a cinco los licitadores seleccionados puede resultar demasiado restrictivo, teniendo en cuenta un valor estimado del acuerdo marco de 88 millones y un cierre del mercado que podría extenderse hasta los cinco años y medio», destaca el informe. Precisamente, aquí viene la gran advertencia del regulador: «La existencia de un número reducido de licitadores aumentaría las posibilidades de colusión entre los oferentes al resultar más sencillo que éstos alcanzaran cualquier tipo de acuerdo entre ellos».

En el mismo sentido, el informe de la CNMC remitido al Ministerio de Hacienda concluye que «las sesiones informativas» establecidas entre Administración y empresas participantes en el concurso con el fin de exponer y definir de forma más clara los objetivos de la campaña de publicidad institucional son en sí mismas «un factor que puede facilitar la colusión».

http://www.elmundo.es/economia/2016/05/30/574b2c14e5fdea43278b45d4.html

La gran farsa del gobierno corporativo en España

En una información publicada recientemente por El Confidencial, Spencer Stuart en lo que este medio de comunicación califica como “arrebato de populismo propio de los tiempos que corren”, acaba de dar a las empresas del Ibex allá donde más les duele, revelando algo que todo el mundo sabe pero que nadie se atreve a decir y que bien podría resumirse como la gran farsa del gobierno corporativo en España.

Spencer Stuart es la primera marca mundial de los llamados ‘headhunter’, especializada en evaluación y selección de altos directivos y ha publicado un informe basado en entrevistas con más de 60 administradores de empresas que suman una capitalización bursátil del 65%.

La cuestión, es que no ha sido Informe 2015 de Spencer Stuart el que ha puesto blanco sobre negro, partiendo de que este documento, no deja de ser una encuesta masiva entre los propios presidentes, consejeros y secretarios del máximo órgano de gobierno de las sociedades cotizadas en bolsa. Han sido los propios entrevistados, los que, amparados en el anonimato, desentrañan los grandes males de sus procedimientos internos de gestión, reconocidos en un epígrafe específico bajo el eufemismo de lo que se consideran “áreas de mejora”. A saber y entre otras: mayor atención al diseño de planes de sucesión del presidente y el consejero delegado, insuficiente dedicación del consejo al debate de temas estratégicos y falta de auténtica independencia de los consejeros.

Algunas de las perlas del informe:

Un 75% de los supuestos consejeros independientes son elegidos a dedo por el presidente o a instancias de alguno de los socios de referencia de las empresas.

"los propios entrevistados admiten que únicamente un 4% de los consejeros reúne “todas las competencias, experiencias y conocimientos necesarios para desarrollar su función”. 

Los propios administradores encuestados critican que los consejos de las sociedades cotizadas son meros "órganos de ratificación, pero no de debate"

Como conclusión podemos resumir que como en muchas otras cuestiones el buen gobierno corporativo en este país no deja de ser una mera cuestión de imagen.

Para leer el artículo completo seguir el enlace:

http://www.elconfidencial.com/empresas/2016-02-28/spencer-stuart-revela-el-poder-omnimodo-de-los-capos-del-ibex-en-espana_1159272/