Competencia investiga a
grandes empresas de publicidad españolas por pactar precios
·
Inspecciona
la sede de varias compañías ante un posible cártel
·
Examina
un contrato de 88 millones de euros por dos años
30/05/2016 08:21
La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia
(CNMC) ha detectado un posible engaño al propio Estado por parte de las
principales empresas de publicidad españolas, en concreto de sus centrales de
medios. Hace semanas que está abierta una investigación para comprobar si cinco grandes firmas dedicadas a la venta
de publicidad han pactado
precios en la venta de anuncios institucionales.
Según ha podido saber este periódico, el pacto se pudo
producir con una campaña de la Administración General del Estado, cuyo concurso
tenía unas condiciones que dejaban fuera a la mayoría de centrales y sólo
permitían presentarse a las más grandes debido a algunos de los requisitos que
se exigían en la licitación.
La investigación ya ha avanzado hasta el punto de que los
inspectores de la CNMC han entrado con órdenes de registro en varias de las
agencias, de donde se han llevado documentación en papel y soportes
informáticos.
Los investigadores cuentan con apoyo judicial para obtener
los mandamientos de entrada y registro. Esto les posibilita entrar en las
empresas, requisar documentación y copiar archivos informáticos, como han
estado haciendo en los últimos 15 días. Ahora queda la fase de analizar lo requisado para comprobar si las sospechas
son ciertas. Si bien, la
realización de este tipo de inspecciones no prejuzga en ningún caso la
existencia de un cártel y está enmarcada únicamente en el trabajo
investigador de la CNMC.
Ninguna firma quiere perder a la Administración
La Comisión para la reforma de las Administraciones Públicas
(Cora) delimitó hace dos años algunos parámetros para optimizar la publicidad
de la Administración General del Estado con el argumento de mejorar la
eficiencia y ahorrar costes a las arcas públicas. De ahí viene la situación
actual.
Pese a que la competencia había quedado restringida por la
Cora, las investigadas también salían perjudicadas, porque las condiciones de
este contrato investigado no eran especialmente ventajosas. Por otra parte,
ninguna central grande querría perder como cliente a la Administración, así que
los investigadores sospechan que pudieron optar por acordar una estrategia
común.
La investigación ha detectado que las empresas pudieron
reunirse y pactar qué ofertas iban a realizar para una importante campaña de
publicidad institucional que después se vería plasmada en periódicos, radios y
cadenas de televisión. Sólo la cantidad de este concurso publicitario era de 88 millones de euros -excluido el
IVA-, para un período de dos años prorrogables.
Plazos de la investigación
Todavía queda un proceso largo para concluir la
investigación. Si se confirman las sospechas, hay seis meses para abrir un expediente sancionador que, a su vez,
puede tardar otros 18 meses en resolverse y terminar en una sanción o no. Otro
tema sería que se encuentren responsabilidades penales durante la investigación
y se decida ampliar y denunciar delitos en la Fiscalía, como ha sucedido en
otros casos investigados por el regulador.
También hay que comprobar si fueron las cinco empresas
investigadas las que pactaron precios o alguna se negó a hacerlo, por lo que
las pesquisas todavía están en su fase más inicial. Fuentes oficiales de la
CNMC declinaron hacer comentarios sobre la investigación.
Ya se advirtió al Gobierno en 2014
El caso de las empresas de publicidad lleva ya tiempo encima
de la mesa del organismo. El propio regulador ya advirtió al Gobierno, en marzo
de 2014, que el pliego de condiciones incluido en el acuerdo marco para licitar
la publicidad institucional implicaba un «riesgo de colusión» entre las empresas, al limitar a cinco el
número de adjudicatarias y elevar hasta un período «excesivo» de cinco años y
medio la duración máxima del contrato.
En este informe, aprobado por el consejo del organismo que
preside José María Marín Quemada,
Competencia aplaudía que el Estado remodelara sus mecanismos de contratación en
busca de una mayor eficiencia y un ahorro de costes para el erario público. No
obstante, el regulador hacía varias observaciones sobre los puntos del contrato
que, a su juicio, suponían «barreras» al libre mercado e incitaban el
nacimiento de cárteles en torno a éste.
Estos puntos se referían, especialmente, a la duración del
contrato, los requisitos económicos establecidos a las empresas adjudicatarias
y los mecanismos establecidos en la comunicación entre la Administración y las
propias empresas.
En primer lugar, la CNMC argumentaba que el plazo de
adjudicación del acuerdo, de dos años prorrogable hasta cinco y medio,
constituye una «severa barrera de entrada a otros operadores», por lo que
proponía su reducción y la eliminación de una posible ampliación.
Por otro lado, el regulador advirtió de que el requisito de
ingresos mínimos anuales de 600.000 euros que establecía el contrato para las
empresas interesadas en concurrir a la licitación, «podría suponer una barrera
excesiva para pequeñas y medianas empresas», en un país en el que el 99% del
tejido empresarial está compuesto por pymes.
Por último, Competencia pedía que no se limitara el número
de adjudicatarios seleccionados. «El órgano proponente debería valorar si
limitar a cinco los licitadores seleccionados puede resultar demasiado
restrictivo, teniendo en cuenta un valor estimado del acuerdo marco de 88
millones y un cierre del mercado que podría extenderse hasta los cinco años y
medio», destaca el informe. Precisamente, aquí viene la gran advertencia del
regulador: «La existencia de un número reducido de licitadores aumentaría las
posibilidades de colusión entre los oferentes al resultar más sencillo que
éstos alcanzaran cualquier tipo de acuerdo entre ellos».
En el mismo sentido, el informe de la CNMC remitido al
Ministerio de Hacienda concluye que «las sesiones informativas» establecidas
entre Administración y empresas participantes en el concurso con el fin de
exponer y definir de forma más clara los objetivos de la campaña de publicidad
institucional son en sí mismas «un factor que puede facilitar la colusión».
http://www.elmundo.es/economia/2016/05/30/574b2c14e5fdea43278b45d4.html
